Con respecto a las remesas, que es un dinero que los migrantes envían a sus familiares en sus países de origen, la ley propone un gravamen —que originalmente era del 5%, pero que se redujo al 3,5% tras las protestas de grupos latinos—, a las transferencias enviadas desde EE.UU. por cualquier persona que no sea estadounidense, sin importar su estatus legal, con el objetivo, según el gobierno, de aumentar los ingresos fiscales y controlar los flujos financieros relacionados con la migración.

El Mercurio