Según documentos a los que tuvo acceso “El Mercurio”, el Ministerio de Transportes modificó aspectos centrales del Reglamento de la Ley 21.553, acogiendo buena parte de las observaciones de empresas como Uber, Cabify, Didi, entre otras. La nueva versión reduce exigencias a conductores, vehículos y se enfoca en “resguardar el empleo”. En febrero se adjudicó una nueva licitación para desarrollar el software , tras fallido contrato por $513 millones en 2025.