Aunque hay dudas sobre los ajustes que impulsaría el gobierno tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) y también persisten interrogantes respecto de cómo se aplicará esta disposición, ya es posible advertir los proyectos en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que podrían acogerse a este régimen, en caso de ser aprobados. Aunque con criterios distintos respecto a los sectores que finalmente se considerarían, LyD y Pivotes estiman que cerca de 150 iniciativas en trámite podrían firmar contratos-ley con el Estado.
Diario Financiero