Una de las principales medidas -y más controvertidas- es la creación de la figura del “denunciante anónimo” con fines tributarios, asimilándose a la delación compensada para la persecución de ilícitos contra la libre competencia y el mercado de valores.
Según el proyecto de Hacienda, el denunciante anónimo será objeto de las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 15 UTM en caso de aportar antecedentes a sabiendas de que son falsos o fraudulentos, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados.
Diario Financiero