El documento parte identificando lo que consideran son siete impactos que genera el texto legislativo: una “mayor incertidumbre”; un incremento en la “complejidad y burocracia”; más “amenazas y costos asociados al cumplimiento y fiscalización; “errores” en el informe financiero; “obstáculos” para la continuidad de las empresas familiares; “desincentivos” a la inversión; y una actitud “soberbia” del Estado, que “pretende saber más que el 80% de las PYME”.
Diario Financiero