En el proyecto se elimina el tratamiento diferenciado de exenciones que reciben las “viviendas económicas” reguladas en el DFL2 de 1959, del Ministerio de Hacienda, en materia de arriendo. Con ello, los alquileres pasarán a tributar dentro de la base del impuesto a la renta, pero se mantiene la rebaja en el pago de contribuciones.