Se trata de una modificación que introduce un gravamen independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. Así, el patrimonio entre US$5 millones y US$22 millones pagará una tasa de 1,5%, mientras que si está por sobre US$22 millones tendrá una tasa de 2,5%. El Ejecutivo realizó reserva de constitucionalidad.